Esta mañana escuché en la radio que el ministro Wert
se reuniría hoy con la Conferencia de Rectores de las universidades españolas
para explicarles cómo se ha de aplicar concretamente el Real Decreto-ley 14/2012
de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo. Tal vez sea esta tarde o más seguramente mañana cuando trascienda
algo de lo tratado en el encuentro, pero después de haber leído el decreto imagino
ya lo que el ministro ha debido de espetar nada más comenzar la reunión: “¡Sobra
gente!”, que es una manera de decir lo mismo que se refleja en el Boletín Oficial
del Estado pero más a las claras.
A estas alturas es palmario no solo que el Gobierno
esté tomando medidas que se nos prometió que no se iban a tomar durante la
campaña electoral del pasado año, sino que además las está haciendo a golpe de
decreto y sin encomendarse ni a dios ni al diablo. En esta ocasión la alevosía
es aún peor: anunciados los nuevos recortes de 3.000 millones de euros en
materia de Educación, que se suman a los 27.000 millones ya establecidos en
los Presupuestos Generales del Estado, ha publicado el decreto el sábado 21 de
abril, supongo yo que aprovechando que los estudiantes universitarios comienzan
sus exámenes la próxima semana, no se les fuera a ocurrir convocar una
manifestación inmediata que les convertiría ipso facto en terroristas;
dedicando su tiempo en estos días a Kant o a Hegel, a la numeración de Gödel o
a las últimas aplicaciones de la informática al estudio de la proteómica, no
habrán tenido mucho rato para leer el decreto, así que aquí dejo mi punto de
vista en lo referente al ámbito de las universidades, que es el que más o menos
conozco.
Amparándose en el argumento al que recurre el
Gobierno una vez sí y otra también para justificar las medidas urgentes que está tomando, o sea la “actual
coyuntura económica”, da el dicho decreto para “proporcionar a las
Administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar
los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, instrumentos
que a su vez se dividen en “medidas de carácter excepcional” y “otras de
carácter estructural” sin advertir, eso sí, cuáles son cuáles.
Acaso pueda encuadrarse entre las segundas el hecho
de que, a partir de ahora, el Gobierno pueda determinar los requisitos para
crear o, lo que es peor, mantener las universidades. Es significativo, por
cierto, que nada se diga a propósito de esos requisitos. También debe de ser
estructural que se anime a las universidades a cooperar entre ellas para la
implantación conjunta de titulaciones, algo que ya hacen aunque quizá no con
toda la intensidad deseable, y me pregunto ahora cuánto costará –en euros, dada
“la actual coyuntura económica”– esa colaboración interuniversitaria. En todo
caso, me malicio que la medida más estructural debe de ser la que deja la
puerta abierta a la cooperación con las empresas, como no podía ser de otro modo.
Tal vez la excepcionalidad radique en la serie de
medidas que afecta al régimen de dedicación de los docentes. Hay que
considerar que, hasta la emisión del decreto, un profesor universitario asumía,
de media, unos 16/18 créditos ECTS (o créditos de aplicación en las
universidades europeas según el Plan Bolonia), o sea unas 165/180 horas docentes
anuales. Si bien en el nuevo decreto se establecen una serie de diferencias entre
los docentes que depende de su actividad investigadora (!), en general las
medidas abocan ahora a asumir, “cada curso, un total de 24 créditos ECTS”, es
decir 240 horas por año o, lo que es lo mismo, unas 60/75 horas más, lo que
supone un incremento de la dedicación de un 45% –de media también–. En algunos
casos, y dependiendo de nuevo de su actividad investigadora (!), los docentes
tendrán que “impartir en cada curso 32 créditos ECTS”, o sea 320 horas al año. Teniendo
en cuenta que ya en el sistema anterior asumir 15 horas docentes más por curso
suponía un esfuerzo ímprobo por parte del docente –me consta que así era–,
puede deducirse lo que significará el nuevo aumento y lo que repercutirá para
mal en el objetivo fundamental del decreto, es decir la “calidad y [la]
eficiencia del sistema educativo español”.
Supongamos que, en efecto, y dado que el decreto
entró en vigor el lunes 23 de abril así debería ser, las medidas serán aplicadas
de inmediato, independientemente de que los departamentos universitarios tengan
ya confeccionadas sus ordenaciones docentes de cara al año académico próximo
(2012-13; a todo esto, este sería un problema más que resolver en los días que vienen).
Los profesores titulares y los catedráticos de universidad y los titulares y
los catedráticos de escuelas universitarias deberán cumplir con la docencia
marcada por el decreto a no ser que hayan demostrado su capacidad investigadora
(!) en los últimos años. Se enfrentarán, pues, al formidable número de alumnos –que,
según el Plan Bolonia, requieren una atención especial respecto a los alumnos
de los planes universitarios anteriores mediante, por ejemplo, el aumento de
las clases prácticas– y al crecimiento exponencial de su actividad docente.
¿Cuándo dedicarán parte de su tiempo a esa actividad investigadora (!) que condiciona
su actividad docente? Es más: si en efecto asumen la nueva carga docente, ¿qué
ocurrirá con la enorme masa de personal funcionario interino y con el personal
laboral temporal (los tradicionales profesores asociados), cuya actividad por
cierto ha permitido que las universidades españolas hayan seguido funcionando
durante las últimas décadas sin irse al traste porque, a pesar de que debían
cumplir con dedicaciones parciales a su actividad docente, en realidad la
ejercían como si fueran titulares o catedráticos de universidad o de escuela
universitaria, es decir asumían 165 o 180 horas docentes anuales? ¿Quién
se responsabilizará de la docencia –y con ella, de los alumnos– que ellos impartían hasta ahora?
¿Cómo podrán llevarse a cabo estas medidas?
Lo más curioso es que en el decreto se haga hincapié
en que la actividad docente “a desarrollar por el personal docente e
investigador de las Universidades” venga determinada por “la intensidad y [la]
excelencia de su actividad investigadora”, un criterio a todas luces peregrino
porque cualquiera que haya pasado un tiempo en la universidad ha tenido la
experiencia de asistir a clases que eran impartidas por excelentes
investigadores que distaban mucho de saber cómo debían transmitir sus múltiples
conocimientos a los discentes. De hecho, y a la inversa, ha habido y hay estupendos
docentes que por razones diversas no han podido o no pueden llevar a cabo una intensa labor
investigadora. Dicho de otro modo: investigación y docencia han de caminar a la
par en tanto que, como formuló Jonathan Culler, la universidad tiene que ser el
lugar en que el conocimiento tiene que ser producido más que reproducido de una
generación a otra, pero eso no siempre ocurre así y por ello este no puede ser
el criterio que marque, como digo, la actividad docente tal y como establece el
nuevo decreto.
Así las cosas, parece que en la universidad española
sobran docentes y eso en detrimento de la calidad de la enseñanza. Pero no solo: el decreto también marca los nuevos precios
públicos para la obtención de títulos de carácter oficial. Según las “horquillas”
que marca el decreto dependiendo del carácter de las titulaciones y de las
matrículas, estudiar en la universidad pública española será cada vez más caro.
Ya es caro cursar másteres de posgrado, escandalosamente caro. A partir de
ahora también se irán encareciendo los estudios de grado, de manera que
paulatinamente solo podrán acceder a los estudios superiores aquellos que
puedan costeárselos, lo que, teniendo en cuenta “la actual coyuntura económica”
–que a su vez disminuirá la cuantía de las ayudas al estudio–, serán poquísimos y
todos procederán de los estratos sociales más solventes desde el punto de
vista económico. A los estudios de posgrado, que serían los que en un futuro
permitirían acceder a puestos de responsabilidad, accederán aún menos
egresados, provenientes a su vez de estratos sociales aún más solventes que los
anteriores y no digamos que aquéllos que por la falta de recursos ni siquiera hubieran podido acceder a
los estudios de grado. Por resumir, en lo que parece que comienza a ahondar el
decreto es en el paradigma de una educación universitaria igualitaria y universal según una redundancia irónica, claro.
Es evidente que la universidad española necesita,
desde hace mucho tiempo, una reforma estructural profunda. Pero lo que también
parece meridianamente claro es que si el objetivo último es “mejorar de forma
permanente la eficiencia del sistema educativo español”, como dice el decreto, las
medidas que han de tomarse encaminadas a lograrlo no pueden tomarse ni con
urgencia ni con carácter excepcional. Tampoco pueden hacerse disposiciones de
este calibre, pero supongo que todo esto es lo que cabe esperar del
conocimiento del sistema educativo español que deben de tener los responsables
del Ministerio de Educación y que ha quedado al descubierto con el nuevo
decreto.
